Desde este viernes 17 hasta el domingo 19 de julio de 2020, personal de la Coordinación Zonal 7-SALUD aplicará cerca de 900 pruebas rápidas de COVID-19 a las personas privadas de la libertad, guías penitenciarios y personal administrativo del Centro de Rehabilitación Social de Loja, como medida de prevención tras una alerta registrada por dos casos sospechosos de COVID-19.
De igual forma, el personal médico está en la búsqueda activa de posibles casos dentro del centro penitenciario para determinar el respectivo cerco epidemiológico. Esta estrategia de prevención es fundamental para conocer si las personas privadas de la libertad presentan síntomas relacionados a la enfermedad.
Para el proceso efectivo se cuenta con tres equipos profesionales (médicos y enfermeras) quienes realizan este trabajo, bajo todas las medidas de bioseguridad como lo establece la norma.
Fabiola Barba, responsable zonal de Vigilancia de la Salud, dijo que la meta es generar una estrategia de prevención y control para minimizar el riesgo de contagio dentro del el Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad (SNAI).
En tal virtud, el personal de salud vigila epidemiológicamente a todos los contactos de los sospechosos en los lugares que fueron destinados para cumplir con el aislamiento respectivo.