La muerte cruzada en acción: ¿Buena o mala para el país?

Y se preguntarán ¿Qué es la muerte cruzada? El letrado Alexis Zambonino (2022, p. 65) define en la siguiente forma «El instrumento de la “muerte cruzada”, es una denominación a la facultad mutua de disolución y destitución entre ejecutivo y legislativo. Básicamente, es un mecanismo de control político, que puede ser activado por parte del ejecutivo al legislativo y viceversa, antes de que se esté cursando el último an?o de los cuatro del periodo de gobierno.

De lo citado se puede colegir que el término «muerte cruzada» se refiere a la facultad mutua de disolución y destitución que existe entre los poderes ejecutivo y legislativo. Este mecanismo implica que el ejecutivo como el legislativo tienen la capacidad de poner fin al mandato del otro antes de que se haya completado el último año de los cuatro años del período de gobierno. En otras palabras, más naturales, quiero decir que la muerte cruzada es una expresión utilizada para describir la capacidad de ambos poderes, el ejecutivo y el legislativo, de disolver o destituir a sus contrapartes. Este mecanismo se establece como una medida de control y equilibrio entre los poderes, permitiendo que uno pueda actuar sobre el otro en determinadas circunstancias, siempre y cuando no se esté en el último año del periodo gubernamental de cuatro años.

De esta figura constitucional se venía hablando desde hace uno meses atrás por parte de los políticos y hasta que se concretó el día de hoy, 17 de mayo del 2023, mediante decreto ejecutivo 741 dictado por el presidente constitucional de la república Guillermo Lasso Mendoza. La implementación de este instrumento constitucional por primera vez en el país marca un momento importante en el desarrollo político y jurídico de la nación. La adopción de esta medida demuestra que el poder ejecutivo ha alcanzado un consenso sobre la necesidad y la pertinencia de establecer un mecanismo de control político recíproco.

La emisión del Decreto Ejecutivo 741 por parte del presidente constitucional de la república, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes vigentes, confirma la voluntad del ejecutivo de hacer uso de esta facultad, aparándose en los arts. 147, 148 de la Constitución, art. 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, arts. 144, 151 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.

De este decreto nacen algunas preguntas de mí parte ¿Es bueno la aplicación de la muerte cruzada o es malo? Para mí, como persona natural puedo decir que es malo, ya que afectaría la economía de país, yo me imagino, cuanto de dinero derrochara el Estado para llamar a nuevas elecciones, si recién pasamos por una consulta popular y elegimos a autoridades municipales. En última instancia, la evaluación de si la aplicación de la «muerte cruzada» es buena o mala dependerá de la efectividad y el equilibrio que logre en la práctica, así como de los valores y principios democráticos que sustenten su implementación.

Como ciudadanos comprometidos y trabajadores, es importante seguir adelante y estar atentos durante estos 6 meses de gobernabilidad bajo la administración de Guillermo Lasso. Durante este período, el presidente desempeñará un papel fundamental en la promulgación de leyes.

No obstante, es importante tener en cuenta que la verificación de las leyes no recae exclusivamente en el presidente, sino también en la Corte Constitucional. Por lo que, la Corte es un órgano independiente encargado de garantizar la constitucionalidad de las normas y proteger los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema.

La Corte tiene la tarea de revisar y evaluar la conformidad de las leyes y decretos presidenciales con los principios y normas establecidos en la Constitución. Su función es asegurar que las leyes promulgadas no sean contrarias a la Carta Magna y respeten los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.

En conclusión, aunque la aplicación de la «muerte cruzada» plantea interrogantes y preocupaciones, es importante seguir de cerca su implementación y evaluar sus efectos en el contexto político y jurídico. La participación ciudadana y el respeto a los principios democráticos son fundamentales para promover un sistema de gobierno equilibrado y justo.